Contra la explotación sexual
La iniciativa de organizaciones sociales quedó estancada en el Concejo Deliberante.
Piden que el Municipio implemente actividades concretas contra la trata de personas.
Nota- Diario La Republica 24 de Agosto de 2012
En el marco de la lucha contra la trata de personas, organizaciones sociales locales insisten en el tratamiento de un proyecto de ley que promueve la clausura definitiva de los prostíbulos de la ciudad. La iniciativa fue presentada hace dos meses al Concejo Deliberante y permanece en secretaría, sin avances.
El Movimiento Barrios Unidos y el Programa Nacional Juana Azurduy vienen exigiendo hace más de 2 años la implementación de actividades concretas contra la trata de personas, considerando a los prostíbulos y whiskerías como lugares donde se regentea la explotación sexual.
La prohibición del funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de whiskerías, cabarés, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne. fue adoptada recientemente por los Municipios de Santa Rosa (La Pampa ), Paraná (Entre Ríos), Salta, capital y Villa María (Córdoba) y las provincias de Córdoba y Tucumán, y los actores sociales correntinos insisten en la necesidad de que la ciudad actúe en el mismo sentido.
“Fuimos varias veces al Concejo e intentamos hablar con algunos concejales pero no pudimos avanzar en esta lucha. Estamos solos peleando por esto, necesitamos el marco legal y una red de contención para las víctimas”, dijo a La República Soledad Ross, dirigente del movimiento impulsor de la iniciativa.
Ross aseguró que estos lugares de oferta sexual son terreno fértil para la trata de personas. “Es una lucha larga, pero con distintas actividades se va avanzado. La trata de personas no se va a erradicar de la noche a la mañana”, agregó y destacó como un gran logro la prohibición por decreto presidencial del rubro 59, de oferta sexual, en los clasificados de la prensa.
“Nuestra provincia por ser una de las más pobres es sensible a este tipo de flagelo y el Estado se debe hacer presente, dictando en este caso esta ordenanza que proponemos y cerrando estos locales cuando verifica la presencia de mujeres para la explotación sexual”, consideró la dirigente.
Para Ross, no se trata de una cuestión de mera moralidad o hipocresía, sino en reconocer que la explotación de mujeres forma parte del sistema de dominación y violencia que debe cambiarse. “Estas medidas servirán de prevención de un flagelo terrible para nuestras mujeres y niñas como lo es la trata de personas”, dijo.
Según las estadísticas referenciadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo anualmente entre 600 y 800.000 personas son víctimas del tráfico de personas y que el 98 por ciento de las víctimas de redes de explotación sexual son mujeres y niñas.
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