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Con sus resistencias, Corrientes no fue la excepción de este
cambio paulatino, y para hacer un balance al respecto Momarandu habló
con la militante Carolina González.
Las conquistas fueron varias, iniciando por la sanción de la ley 26.486
de Protección Integral de la Mujer con su muy completa tipificación de
violencia de género. Siguen, por supuesto, la reforma del Código Penal
por el aborto no punible, y más recientemente la reforma a la Ley de
Trata.
Según afirma la agencia nacional con enfoque de género Comunicar
igualdad, esta reforma, que se impulsó luego de la gran movilización
originada por el discutible fallo de la Corte en el caso Marita Verón:
“los puntos centrales son la eliminación de la figura del consentimiento
en víctimas mayores de 18 años, la no excarcelabilidad de las penas y
la creación de organismos que deberán garantizar la asistencia de las
personas victimizadas”.
En Corrientes, se puede destacar fallos ejemplares en casos de violencia
contra las mujeres, una terminada en muerte, el caso de Valeria Romero
Azar, y el fallo contra Pablo Vandecabeye quién agredió públicamente a
Andrea Alcaraz, quien fuese su ex esposa.
Como indica Carolina González la conciencia que se tomó en los últimos
años cambió radicalmente la forma de ver estas temáticas. “Sin embargo
la gran deuda pendiente es implementar políticas concretas de aplicación
de esas leyes”, explica, sobre todo hace hincapié en la falta de
presupuesto destinado a estos organismos y los espacios
interdisciplinarios en los mismos (ejemplo el Consejo de la Mujer).
Agrega que existen falencias primarias que impiden una protección real
para las mujeres. Hay una incapacidad para reunir el trabajo de
organismos públicos y sociales y al trabajar por separado, apuntan a
cuestiones coyunturales y a las consecuencias en vez de trabajar sobre
las causas estructurales del problema.
Pero para que todo esto sea posible es necesario reforzar la conciencia
social para que las conquistas políticas perduren. En este sentido
González destaca ciertas resistencias tanto de las autoridades públicas,
como del empresariado y la ciudadanía.
Un ejemplo claro es la batalla que aún se libra por el cierre de la
whiskerías, “todos los avances que se lograron fueron por reclamos de
mujeres a nivel nacional, más que gubernamental”.
Por otro existe el porcentaje preocupante que tiene la Provincia con
respecto a la trata de personas, secuestros y desapariciones de jóvenes
mujeres, así como la sospecha de “zonas liberadas” para este tráfico de
personas.
“Detrás de los reclamos está siempre el trabajo de las organizaciones,
que además en los últimos tiempos tuvo un rol protagónico y más abierto
dónde se integran otros organismos más cerrados como el Ejecutivo y
Judicial”, asegura.
Gonzalez analiza que más allá de que Corrientes se caracterice por
tratar de mantener un pensamiento conservador con respecto a estas
problemáticas. “Antes este tema era poco importante en el pedido de
justicia, incluso se justificaban (los hechos de violencia contra la
mujer)”.
“Ahora la gente mira desde otro lugar”, dice González, y para finalizar
su visión general, realiza más bien una propuesta para la ciudadanía
correntina de otorgar una renovada confianza a la organización civil a
las reuniones por grupos de interés y la militancia constante, algo en
lo que la Provincia siempre se encuentra un paso por detrás.
Hay que recordar que sólo en este año fueron varias las movilizaciones
espontáneas que Gonzalez impulsó, entre ellos se encuentra Mujeres por
el Derecho a Decidir y la reunión de firmas y el proyecto presentado
para la Provincia tengo el protocolo para aborto no punible, además de
apoyar los reclamos de violencia contra la mujer y pedido por una
perspectiva de género en el Poder Judicial, y unirse a la marcha
nacional por el caso Marita Verón y la trata de personas.
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