RELEVAMIENTO REALIZADO POR EL PODER JUDICIAL- Nota del Diario Epoca 19/07/1012
El cuerpo de asistentes sociales del Poder Judicial realizó un relevamiento en el predio usurpado del barrio Pirayuí y elevó sus resultados al Juzgado de Instrucción Nº 1.
El informe da cuenta de las graves carencias materiales y de ingresos de los grupos familiares que tomaron los terrenos del lugar y, particularmente, de la inexistencia de una organización social de base o política que hubiere alentado la migración masiva concretada.
Las conclusiones del Cuerpo de Servicio Social Forense del Poder Judicial, que se constituyeron durante la feria en un Comité de Crisis a partir de una disposición del Superior Tribunal de Justicia (STJ), llegaron el miércoles a última hora a manos de la doctora Beatriz Agrasso de Caballero y se envió también una copia a los miembros de la máxima instancia judicial de la provincia.
Según el relevamiento, hay 600 familias en el predio del Pirayuí que tienen -en promedio- tres hijos y que, en su mayoría, presentan "graves carencias materiales y de ingresos que limitan el acceso de sus integrantes a bienes y servicios básicos".
Esas carencias se traducen también en "la falta de acceso a un derecho básico como es el de la vivienda digna" que -continúa el informe- movilizó masivamente a las familias en cuestión a instalarse en el lugar con la expectativa de "obtener solución a su problema habitacional priorizando su necesidad sentida por sobre las formas y normativas".
Las asistentes sociales indagaron sobre cómo los usurpadores obtuvieron la información sobre los terrenos y descartaron algún movimiento político detrás de la toma..
"El conocimiento de la existencia de los terrenos vacantes se produce a través de informaciones provenientes de vecinos, familiares y de la propia observación espontánea y directa de las personas en su gran mayoría", puntualiza el informe. "Esto reflejaría la inexistencia de organización social de base y/o política que alentara la migración masiva concretada."
El relevamiento, que fue realizado los días 13 y 14 de julio, contiene los nombres, apellidos, edades, estudios cursados y terminados de los mayores de edad, y su situación habitacional, y los datos se remitieron Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) para contrastarlos con la base de datos del organismo.
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