Sin respuestas mínimas desde el Estado , ocupantes de terrenos en los Barrios Pirayui y Quilmes fueron citados e imputados por Usurpación por la Justicia.
Se teme ante la posibilidad de ordenarse un Desalojo.
El Movimiento Social Barrios Unidos quiere manifestar su enorme preocupación, por la imputación por parte de la Justicia Provincial del delito de Usurpación previsto en el Código Penal , lo que se transforma claramente en una criminalización a los cabezas de las familias que ocuparon terrenos en la capital correntina.
Esta última semana llegaron una veintena de citaciones judiciales al asentamiento del Barrio Pirayui , para que concurran a los estrados del Juzgado de Instrucción Nª 6 durante distintas fechas del mes de octubre en carácter de imputados . Las citaciones fueron trasmitidas llamativamente por personal de Gendarmería y se sospecha que pudieron haber utilizado los datos del Censo para identificar a estas personas. Los Delegados en principio no fueron citados.
En tanto en el Barrio Quilmes , fueron 4 las referentes que debieron concurrir ante una Comisaria , donde prestaron declaración , quedaron en carácter de imputadas y fueron llevadas a Antecedentes de Jefatura de Policía donde quedaron registradas en antecedentes.
El avance podría desembocar en una orden de desalojo violento , ya que es una de las medidas que puede llegar a tomar el juez de la causa.
Desde el Movimiento Barrios Unidos se manifiesta que este avance de la Justicia provincial , con las imputaciones a padres y madres de familias , se convierte en una criminalización y una persecución , a los más humildes que en un claro estado de necesidad que contemple el mismo Código Penal , ocuparon terrenos para que sus familias tengan una Vivienda.
Esto se agrava ya que desde el Estado Nacional , Provincial y Municipal , no se han brindado aun , ningún tipo de respuestas concretas siquiera mínimas , a la problemática de la fenomenal crisis habitacional en nuestra provincial y en especial en la capital.
Desde Barrios Unidos volvemos a remarcar que es el Estado quien tiene la obligación y la responsabilidad , de buscar Soluciones puntuales a la situación dramática de miles de familias que no tienen donde vivir y concretar Planes Sociales de acceso a la tierra y a una Vivienda Digna.
Llamamos a todos los Sectores comprometidos y solidarios con las Familias y su lucha por el derecho a la Vivienda , a Denunciar esta Criminalización de los más humildes y a redoblar la apoyo y respaldo a los Ocupas.
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