Consideran que el aborto debe ser legal “por el bien de la mujer”
NOTA DEL DIARIO LA REPUBLICA de CORRIENTES
Varios sectores abogan por la despenalización de la práctica para evitar muertes y frenar un negocio ilegal.
Resaltan la necesidad de educar y de implementar políticas públicas eficaces.
Terminar con la muerte de mujeres y con la clandestinidad de la práctica abortiva es lo que aseguran que persiguen quienes están a favor de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Consideran que aceptar la despenalización no es promover el aborto, sino reconocerlo como un problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social.
“Por los altos índices de mortalidad de mujeres que recurren a esta práctica en pésimas condiciones legalizar el aborto es lo mejor”, dijo a La República Soledad Ross, integrante del movimiento Barrios Unidos.
Sin embargo, aclaró: “Estamos a favor de la vida, no estamos a favor del aborto, pero se debe evitar con políticas públicas que la mujer llegue a esa última instancia, que es el aborto”.
Siguiendo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, instó a “dejar de lado la hipocresía” y a debatir abiertamente, ya que el aborto ilegal castiga a las mujeres pobres, pero son seguros para quienes pueden pagarlos.
También la legisladora nacional por Corrientes, María Elena Chieno, integrante de la Comisión de Salud, consideró que “por el bien de todas las mujeres” debería despenalizarse la práctica y habló del negocio ilegal millonario que mueve más de 1.200 millones de pesos al año, según datos de organizaciones que abordan la tema.
“Hace más de 30 años que soy médica y he visto cómo muchos colegas se han enriquecido con esta práctica ilegal y he visto morir a muchas mujeres pobres por no poder contar con una práctica quirúrgica adecuada”, dijo.
Consideran que Salud Pública debe contribuir en la prevención del embrazo no deseado, al acceso a la anticoncepción, y mejorar la calidad de atención por complicaciones de aborto inseguro.
En ese sentido se manifestó Cristina Leguizamón, que si bien integra el Consejo Correntino para la Mujer, aclaró que la opinión es personal. “El aborto debe ser considerado porque de esa manera se evitarán muertes. Los lugares de asistencia sanitaria pública deben contemplarlo”, dijo a este medio.
Otro intento
Opiniones contrapuestas se escucharon desde el inicio mismo del planteo de la cuestión. Tras haberse demostrado la invalidez del dictamen sobre el aborto en la Comisión de Legislación Penal el pasado martes, se convocó a un plenario para este jueves a las 11 con las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con el fin de intentar avanzar con los proyectos.
Sin embargo, distintas cuestiones ponen en duda la realización del mismo. Pero que no se tratará en el recinto este año, ya es un hecho, puesto que la labor parlamentaria termina el 18 de noviembre. Además, al no estar en la agenda del Ejecutivo, todo indica que no se tratará.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, uno de cada tres embarazos termina en aborto. Se realizan unos 500.000 al año. En 2007, 60.000 mujeres egresaron del sistema de salud público tras haber sido atendidas por un aborto. Y las complicaciones por aborto inseguro encabezan las causas de muerte materna desde hace veinte años.
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