Las cientos de personas que conviven en el asentamiento precario todavía están a la espera de asistencia o de una solución definitiva a su situación habitacional. En 2012 ingresaron unas 2.400 familias y actualmente, a pesar de ser menos, los habitantes cuentan con conexiones de servicios y casas de materiales.
diario EL LITORAL.-
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INICIOS. Durante los primeros días de julio de 2012 miles de familias ingresaron ilegalmente a los terrenos del Pirayuí.
Las cientos de personas que conviven en el asentamiento precario todavía están a la espera de asistencia o de una solución definitiva a su situación habitacional. En 2012 ingresaron unas 2.400 familias y actualmente, a pesar de ser menos, los habitantes cuentan con conexiones de servicios y casas de materiales.
Durante los primeros días de julio del 2012 unas 2.400 familias tomaron ilegalmente 43 hectáreas del barrio
Pirayuí manifestando que no poseían viviendas propias y necesitaban un
techo, enmarcados en el grave déficit habitacional por el que atraviesa
la provincia. Actualmente, a casi dos años del ingreso de los okupas
conviven unas 600 familias que aguardan una solución al problema
habitacional, en un descampado donde soportan las condiciones climáticas
y donde, a pesar de una medida judicial de no innovar, construyeron sus
precarias casillas con el fin de no irse.
Desde el inicio de la toma de terrenos los okupas tuvieron la intención de negociar para adquirir las tierras, pero todas las negociaciones y gestiones encaradas tanto por el Estado como por los ocupantes hasta el momento
cayeron en saco roto y se encuentran sin respuestas ni avances.
Inclusive las familias no recibieron ningún tipo de asistencia oficial
desde 2012.
Los delegados okupas que todavía viven en el lugar
señalaron que desde el año pasado no cuentan con avances en cuanto a
las gestiones por una solución formal a la toma de terrenos, así como
tampoco hubo asistencia por parte del Estado. “Desde el año pasado no
tuvimos más novedades sobre las
gestiones para
Durante los primeros días de julio del 2012 unas 2.400 familias tomaron ilegalmente 43 hectáreas del barrio
Pirayuí manifestando que no poseían viviendas propias y necesitaban un
techo, enmarcados en el grave déficit habitacional por el que atraviesa
la provincia. Actualmente, a casi dos años del ingreso de los okupas
conviven unas 600 familias que aguardan una solución al problema
habitacional, en un descampado donde soportan las condiciones climáticas
y donde, a pesar de una medida judicial de no innovar, construyeron sus
precarias casillas con el fin de no irse.
Desde el inicio de la toma de terrenos los okupas tuvieron la intención de negociar para adquirir las tierras, pero todas las negociaciones y gestiones encaradas tanto por el Estado como por los ocupantes hasta el momento
cayeron en saco roto y se encuentran sin respuestas ni avances.
Inclusive las familias no recibieron ningún tipo de asistencia oficial
desde 2012.
Los delegados okupas que todavía viven en el lugar
señalaron que desde el año pasado no cuentan con avances en cuanto a
las gestiones por una solución formal a la toma de terrenos, así como
tampoco hubo asistencia por parte del Estado. “Desde el año pasado no
tuvimos más novedades sobre las
gestiones para comprar los terrenos. Nuestra intención siempre fue
poder pagar cuotas sociales para quedarnos con los predios, pero nunca
hubo avances claros”, expresó a El Litoral, Eli, una de las referentes
del asentamiento que vive en el Pirayuí desde el 9 de julio de 2012,
cuando fue la toma masiva.
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| ELIZABETH ESCATO REFERENTE DE BARRIOS UNIDOS Y DE LOS OCUPAS DEL PIRAYUI. |
“En todo este tiempo no hubo
ninguna asistencia por parte del Estado. Sólo aparecen los distintos
candidatos en las campañas previas a las elecciones, pero nunca traen una propuesta de solución para las familias”, añadió Eli.
Desde
la toma se suscitaron distintas negociaciones que en su momento fueron
encabezadas por el negociador de la Policía de Corrientes, Alejandro
Botini y posteriormente por la Comisión Nacional
de Tierra y Hábitat, pero en ambos casos no hubo soluciones
definitivas. “Hasta el año pasado tuvimos contactos con la Comisión
Nacional de Tierra y Hábitat, pero actualmente no tenemos nada de
información. La última vez nos habían dicho que esperemos por la
expropiación, la cual lleva varios años, pero saben que no nos vamos a
ir de acá”, señaló Silvia Jerez, una de las delegadas del asentamiento
del Pirayuí.
Actualmente en las 43 hectáreas quedan unas 600
familias de las 2.400 que ingresaron en 2012. “En algunas partes del
asentamiento no quedan más lugares disponibles, pero quedaron las
familias que verdaderamente necesitaban y que soportaron los
inconvenientes como la medida de no innovar y las inclemencias
climáticas. Pero hemos trabajado mucho para que no haya problemas ni
inconvenientes entre los vecinos”, añadió Silvia.
En el
asentamiento actualmente se levantan casillas menos precarias que las
chozas iniciales e inclusive algunos de los okupas pudieron levantar
casas de materiales. También pueden encontrarse precarias conexiones de agua potable y electricidad.
A
pesar de las órdenes de la Justicia para que en los últimos años el
Estado brinde asistencia a los okupas del Pirayuí (la cual hasta ahora
no fue cumplida), las familias continúan a la espera de una salida a su
situación habitacional informal.
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